Sin recursos no se puede atender la emergencia

Con la necesidad de financiar la Ley de Emergencia Provincial recientemente sancionada por esta Legislatura, y para devolver al Estado su función de fomentar la redistribución social, en particular en la Reducción de la Pobreza, en la Educación, en la Salud y en las Condiciones para la Creación de Empleo, se presenta el Proyecto de Ley Impositiva 2020 que otorgará los recursos necesarios para tal fin.

La Provincia de Buenos Aires sufre consecuencias más severas que la Nación en todos los indicadores sociales.

Casi el 40% de las personas está debajo de la línea de la pobreza, y en el Gran Buenos Aires se supera esa cantidad y llega a más del 42%; de ellas, casi un 9% son indigentes en la provincia mientras que en el Conurbano esa cantidad es aún mayor.

En los partidos más cercanos a la Ciudad de Buenos Aires, el denominado Conurbano, las proyecciones para este fin de año sobre los datos del primer semestre marcan que el 56% de los niños y jóvenes de hasta 18 años son pobres y un 15% de ellos son indigentes.

Así, frente a estos niveles de pobreza, indigencia, desempleo, recesión y desinversión en las áreas sociales más delicadas, se ha decidido realizar en la recaudación correcciones posibles, lógicas, equitativas y moderadas para el contexto presente de la provincia orientadas a los tributos patrimoniales de quienes más tienen.

En ese sentido, los impuestos inmobiliarios se incrementarán en promedio en la misma medida o por debajo de la inflación del año 2019 y se reduce la carga sobre los que menos tienen en relación con los que más tienen. Claramente, los propietarios de menor tamaño pagarán menos que el año pasado en términos reales.

De ese modo, y sin incrementar la carga impositiva promedio en términos reales se busca que contribuyan en mayor proporción los que más tienen.

El objetivo central, entonces, es frenar el descenso de los últimos dos años de la recaudación provincial en términos reales y evitar en consecuencia el desfinanciamiento del Estado, que el gobierno anterior cubrió tomando deuda, una circunstancia insostenible por el nivel de las obligaciones contraídas.

Es clave en esta iniciativa la decisión de no modificar la alícuota de Ingresos Brutos, que significa el 70% de la recaudación total de la provincia.

Y es importante destacar que ninguna medida propuesta en este Proyecto impacta en Bienes Personales.

En el caso del impuesto Inmobiliario Urbano los cambios significan un incremento menor a los 3500 pesos anuales (pagaderos en cinco cuotas) para el 86% de los contribuyentes.

El impuesto Inmobiliario Rural, en promedio, no aumenta en términos reales.

Esto es así porque en promedio se ajustará por el equivalente a la inflación registrada durante 2019 en un esquema a partir del cual se le bajará la carga impositiva a los más pequeños.

Para darle mayor progresividad al impuesto, este esquema tendrá topes según el valor de las propiedades.

Para las de menor valor fiscal el aumento será del +15%, muy por debajo de la inflación. Solo cuando se trate de propiedades de alta valuación fiscal y de más de 2.000 hectáreas, que representan sólo el 7% de las propiedades, el incremento llegará al 75% (un aumento real de 12,9%).

También se ha decidido no modificar las alícuotas en los automotores, lo que termina de definir un panorama que, atentos al objetivo buscado y a la muy adversa situación que atraviesan los bonaerenses, significa, como ya señalamos, un módico esfuerzo progresivo dirigido, además del auxilio inmediato a los más vulnerables, a reconstruir la infraestructura hospitalaria y la escolar, seriamente abandonadas.