La reforma del calendario electoral se tratará en comisión este miércoles en Diputados y llegará al recinto la semana que viene. La sospecha del ala dura de la oposición y la confianza del sector moderado. Descartada por el Gobierno, la boleta única de papel suma nuevo impulso

En el oficialismo y la oposición hay un clima de alivio que sobresale en medio de tanta tensión política: la reforma del calendario electoral que tratará el Congreso les dará más tiempo para definir candidaturas que hoy están envueltas en más interrogantes que certezas y no sólo por culpa de la pandemia.

Fruto del acuerdo entre el Gobierno y Juntos por el Cambio, el proyecto que posterga las PASO y las elecciones generales debido a la emergencia sanitaria entró el viernes pasado al Congreso, se tratará en comisión este miércoles en la Cámara de Diputados y se debatirá la semana próxima en el recinto. Un tiempo récord que confirma el apuro en cristalizar lo pactado sobre las nuevas fechas de los comicios.

A unos y otros les conviene ganar tiempo. En el oficialismo, la interna está al rojo entre los socios del Frente de Todos luego de los chispazos entre el kirchnerismo y el ministro Martín Guzmán, mientras la atención está puesta en los vaivenes económicos y la crisis sanitaria antes que en definir las candidaturas. En la oposición también es ventajoso un plazo más amplio para negociaciones complejas en muchos distritos del país y la propuesta de líderes como Mauricio Macri de que todas las postulaciones surjan de las PASO para que tengan una mayor legitimidad.

Según lo acordado, las PASO que debían realizarse el 8 de agosto pasarán al 12 de septiembre, mientras que las elecciones legislativas, en donde deberán elegirse 24 senadores y 127 diputados, se correrán del 24 de octubre al 14 de noviembre. Con este nuevo cronograma, el registro de candidatos y la presentación de las listas deberá hacerse el 29 de julio: para algunos dirigentes, la postergación electoral “será decisiva porque dará más tiempo para negociar en cada distrito porque la pandemia sacó la cuestión electoral del foco”, como explica un diputado opositor.

En Juntos por el Cambio, aún hay referentes del ala dura que mantienen intactas sus sospechas de que el Gobierno puede recurrir a algún artilugio para suspender las elecciones: tienen en mente las sugestivas declaraciones que hizo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien advirtió que “desde el punto de vista sanitario es imposible saber lo que va a pasar en las fechas posibles de elecciones”. Para el ala moderada, en cambio, si se sanciona la ley no hay forma de alterar nuevamente el calendario electoral y destacan que el oficialismo “necesita sostener un acuerdo político sobre este tema y no le conviene romper la relación con los opositores. “El escenario de guerra total con nosotros lo perjudica más a Alberto Fernández, que tendrá que gobernar en la pandemia con cuestionables Decretos de Necesidad y Urgencia”, aseguran en JxC.

La buena voluntad del Frente de Todos, desde la visión de los opositores moderados, se puso de manifiesto con la aceptación de la exigencia de Juntos por el Cambio de que se incorpore en el proyecto de ley una “cláusula cerrojo” que impide nuevos cambios electorales. Fue precisamente lo que cumplió el oficialismo al incluir el artículo 6 en la iniciativa presentada el viernes, que afirma lo siguiente: “La presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional”.

En las últimas horas, sin embargo, cierta armonía entre unos y otros se quebró cuando Alberto Fernández anunció que impulsaría un proyecto de ley para regular las restricciones sanitarias, algo que Juntos por el Cambio rechazó por considerar que se trata de “superpoderes”. La mesa nacional de la coalición coincidió este lunes en que era “inviable e innecesario” a la luz del fallo de la Corte Suprema sobre las clases presenciales, mientras que a última hora el bloque de diputados del PRO acusó al Gobierno de pretender “acrecentar sus atribuciones en desmedro de la Constitución y de las autonomías provinciales”. Esta postura, de todas formas, no altera el acuerdo para cambiar el calendario electoral.

Infobae