En conferencia de prensa la secretaria de Gobierno, Viviana Rodríguez, y el coordinador del Aeródromo Provincial, Ignacio Scelzi, hablaron sobre la situación del Aeródromo Provincial y la causa judicial iniciada contra el Aeroclub Saladillo.
Ambos funcionarios insistieron en que la Provincia en su momento declaró al Municipio como depositario del aeródromo y que luego este último lo cedió como depositario al Aeroclub como asociación civil, y desde entonces este último lo administra mediante un convenio idéntico al realizado entre Provincia y Municipio que establece que de todo lo recaudado por el aeródromo el 60% debía ir para el mantenimiento e infraestructura del predio, y el 40% restante obligatoriamente para el fomento aeronáutico.
A partir de 2012, con la decisión del gobierno provincial de otorgar ellos la aptitud de usuario necesaria para estar en el aeródromo, comenzaron los reclamos para que el Aeroclub tuviera todas las condiciones necesarias para regularizar su situación, entre ellas la aptitud de usuario, balances, y movimientos internos entre otras cuestiones.
Desde entonces comenzaron las comunicaciones por irregularidades entre Provincia y Municipio hasta que en diciembre pasado se solicitó el desalojo del Aeroclub del predio, y por ello el Municipio volvió a ser el depositario del aeródromo.
Esta situación, indicó Rodríguez, no solo fue detectada en el aeródromo saladillense sino en otros 52 en toda la provincia, donde incluso se notificaron usurpaciones y casas construidas en las instalaciones. En ese sentido, la funcionaria dijo que están a disposición de la Provincia para resolver la cuestión.
“La Provincia es dueña de esa tierra, está planteando irregularidades, y creemos que tiene razones. Hubo desprolijidades de la comisión y por eso estuvimos a disposición de la Provincia”, agregó.
Por su parte Scelzi señaló que también han llevado adelante reuniones tanto con la comisión actual como la que conformaron un grupo de pilotos que afirman que fueron maltratados por la mencionada comisión y que no les deja participar, con el fin de acercar posiciones y resolver la cuestión, mientras la causa judicial avanza contra los miembros de la actual comisión.
“El eje central de la discusión de la demanda de desalojo tiene que ver con la aptitud de usuario, que no lleva más de tres o cuatro trámites. Se intimó a la comisión y no completaron este trámite que es esencial y es por el cual hoy se los desaloja”, dijo.